domingo, 6 de enero de 2019

CUANDO LA INTERVENCIÓN MILITAR ES LA ÚNICA VÍA PARA DERROCAR LAS DICTADURAS


Mientras no se establezca como buena y válida la intervención militar para casos de probadas violaciones a la democracia, con bases establecidas en un pacto continental, con leyes claras y un tribunal internacional capaz de refrendar condenas vinculantes, estaremos cada día con más frecuencia ante casos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Fuente externa
Hace unos días el tema de la intervención militar para resolver la llamada «crisis humanitaria» en Venezuela saltó a la palestra; una vez, en boca de Luis Almagro, presidente de la OEA; y otra, en boca de Donald Trump, y de ahí la bola comenzó a rodar. Quiero compartir mi opinión al respecto, misma que desde al año pasado he venido comentando en este blog.

Ojalá que aún no sea demasiado tarde. Ninguna de las salidas propuestas hasta ahora para el caso de Venezuela tiene futuro, ahí está Cuba, un cadáver que nadie sabe cómo enterrar, una dictadura que, a la hora de nones, los países democráticos, con EE. UU. a la cabeza, no pudieron contener, simplemente por andar con pies de barro, por no contar con una herramienta legal que justificara los múltiples intentos fallidos por derrocar el castrismo.
Hasta hoy primaron los intereses geopolíticos y la conspiración, y no fue posible construir una herramienta legal apropiada para aplicar lo pactado en tantos organismos internacionales; entre ellos, la ONU y la OEA.

En el siglo pasado nuestro continente vio en múltiples ocasiones la injerencia, fundamentalmente de EE. UU., para recomponer situaciones políticas de todo tipo, las que no siempre fueron el resultado del consenso o la voluntad expresa del conjunto de las naciones del continente, sino como la imposición unilateral -y sobre todo sin bases legales adecuadas-, de intereses geopolíticos particulares.

Mirando la realidad de hoy y cotejando el pasado con lo que pudiera depararnos el futuro, se impone recomponer los conceptos de injerencia humanitaria y de estructurar, a partir de los instrumentos legales ya existentes en la ONU, y la OEA un pacto, un sistema capaz de constituirse en la fuerza que, luego de haber gastado todos los recursos diplomáticos «no vinculantes», sea capaz de reprimir con el uso de las armas, si así fuera necesario, las violaciones a la Carta Democrática Interamericana u otros instrumentos legales, un ejército de coalición capaz de contener las acciones que ponen en peligro el curso pacífico de la democracia en el continente americano o cuando un tirano «hiciera padecer a sus súbditos un trato que nadie le ha autorizado tener».

Esto no es nuevo, el concepto es conocido desde el siglo XVII, cuando Hugo Grocio lo expuso ampliamente en su obra El derecho de la guerra y la paz y muy recientemente, en el siglo XX, resurgió como tema de debate y acción durante la guerra de Biafra (1967-1970)
Los regímenes totalitarios no andan con chiquitas cuando de enjaular a los ciudadanos se trata, no tienen contemplaciones con nada y las leyes no los detienen, ni siquiera las que ellos mismos han dictado. «El derecho de insurrección frente a la tiranía es uno de esos principios que esté o no esté incluido dentro de la Constitución Jurídica, tiene siempre plena vigencia en una sociedad democrática», escribió el fenecido dictador Fidel Castro en su libro La Historia me absolverá, pero al constituirse él en el tirano, criminalizó toda disidencia y la condenó con paredón, cárcel y ostracismo. Maduro y Chávez, como la farsa que es la repetición en la Historia, han hecho lo mismo.

Foto: REUTERS/Jorge Cabrera. Fuente externa
Pero los dictadores, sobre todo los de izquierda -quienes aprendieron todo de la derecha y a quienes han superado por mucho-, tienen, como ejemplarizante virtud, el orgullo felón: sus proclamas son aplastantes y sus actos son inmediatos, instauran gobiernos tribunicios en un abrir y cerrar de ojos y no se detienen ante nada, porque no hay instancias a las que deban dar cuenta alguna.

Ahí están las FARC, y para que este cuento no parezca largo, ellos proclaman a toda voz y sin el menor rubor que nunca renunciarán a sus principios. Y sus principios se basan en acceder al poder a como dé lugar y no soltarlo nunca más, su ideología es marxista -o cualquiera de las sectas que se han desprendido de esta doctrina anticapitalista-, y su medio hasta ahora para acceder al poder ha sido la lucha armada y el narcoterrorismo. Pero eso, quizás, el público no lo ha aprehendido aún porque la narrativa de la llamada izquierda es superior en efectividad a la de los pensadores liberales y demócratas.

Hoy se impone una revisión urgente del concepto de intervención militar o injerencia humanitaria y democrática, se impone una responsabilidad de todos los países -y sobre todo del gobierno de los Estados Unidos como principal potencia de la región-, con la salvaguarda de la democracia, so pena de perder todos y en muy poco tiempo, las libertades que sobreviven a duras penas.

En las Américas se requiere de una coalición capaz de contener las violaciones a la Carta Democrática, se necesita una fuerza militar capaz de contener la violencia con la que se han impuesto y se imponen los regímenes totalitarios.

Mientras no se establezca como buena y válida la intervención militar para casos de probadas violaciones a la democracia, con bases establecidas en un pacto continental, con leyes claras y un tribunal internacional capaz de refrendar condenas vinculantes, estaremos cada día con más frecuencia ante casos como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Ojalá que me equivoque y aún estemos a tiempo de establecer normas legales para la intervención armada oportuna en casos de probadas violaciones a los Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad, y cuando el principio de autodeterminación haya sido secuestrado por un grupo criminal que ostente el poder por la fuerza de las armas e impida que los ciudadanos determinen sus propios destinos. Ojalá.

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