Por Emilio Hernández (**)
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Menos Estado es un tema que confunde. Para unos, significa menor control sobre la violación de las leyes y el deterioro de la llamada justicia social. Para otros, resulta una mayor liberación del ciudadano, propiciando su independencia de la política.
El Estado es
conceptuado como el tenedor del monopolio de la violencia, pero esa definición
no contribuye a disipar confusiones. Si bien es cierta esta definición, su
funcionamiento en la era moderna, se
basa en el principio republicano de los tres poderes independientes; el poder
ejecutivo, el legislativo y el judicial. La independencia de esos tres poderes,
unos de otros, no responde solamente a las distintas funciones de los mismos,
sino también a que el poder legislativo y judicial ejercen control sobre el
ejecutivo. Cuando ese balance funciona correctamente, estamos ante un Estado de
derecho, porque se presupone que esta estructura protege a los ciudadanos en
sus derechos fundamentales. Otras instituciones, que también deben ser
independientes de los poderes antes mencionados, acompañan el funcionamiento
del Estado, como son, los sindicatos, la
religión, el banco nacional, la élite
intelectual y los medios de difusión, entre otros. Pero sin duda, el funcionamiento de los tres poderes
republicanos son los que más influyen en forma directa en la sociedad.
Su mejor ejercicio está
supeditado a la calidad de los mismos, no a su existencia per sé.
El poder legislativo
incrementa su independencia en la medida en que sus diputados responden a sus
electores. Es decir, cuando el diputado ha alcanzado su mandato en la
correspondiente circunscripción, y no por figurar en una lista de su partido.
En el judicial, su autonomía se refuerza, cuando los jueces son elegidos
colegialmente de acuerdo a sus aptitudes demostradas y no a propuesta de los
partidos políticos.
Considerar sinónimos
Estado y Gobierno, resulta a mi juicio, la causa de la confusión sobre el tema.
El poder ejecutivo es
el instrumento estatal, cuya influencia sobre el acontecer de la sociedad,
reviste mayor incidencia, comparado con el resto de los factores que conforman
el Estado.
A continuación,
ejemplos confirmatorios:
_ Mientras el legislativo y el judicial acotan su membrecía por leyes y disposiciones por largo tiempo, el gobierno puede ampliar el número de ministerios, agencias y delegaciones casi, inconsultamente durante todo su mandato.
_ La hacienda pública en manos del gobierno le permite obtener y manejar inmensos volúmenes de dinero, ni someramente comparables con la mayoría de gestores particulares. Además de los ingresos impositivos puede el gobierno acudir al préstamo y lo terrible es que lo efectúa con frecuencia.
_ El ejecutivo puede gastar más de lo que ingresa, creando un desbalance fiscal, que suele cubrir: incrementando impuestos o acudiendo al préstamo y cuado esto último se lo impide su historia de impago, entonces solicita al banco central una emisión monetaria, ausente de la correspondencia productiva. Ese falso dinero es el mayor causante inflacionario que perjudica al entramado económico de la sociedad, y principalmente al estrato de menos recursos económicos.
_ Los gobernantes pueden reducir el libre comercio subiendo aranceles, otorgando subsidios a empresas y productos, así como topando precios y estableciendo regulaciones al mercado.
Lo anteriormente
detallado, conlleva a pensar que menos Estado no tiene que significar un
beneficio para la sociedad y la economía porque incluso correctas instituciones
estatales logran limitar las maniobras de los gobernantes. Menos Estado no es
lo mejor para bien de la sociedad, sino limitar los poderes del poder
ejecutivo, y una de las vías más importantes a estos efectos lo constituye la
reducción del gasto público con relación a los ingresos productivos del país,
es decir al producto interno bruto (PIB).
La reducción del burocratismo, no solamente en la esfera del gobierno,
sino también en el proceso productivo, donde las regulaciones en exceso
encarecen la producción y propician la corrupción, podría significar una
limitación al arbitrio de los gobernantes.
Menos gasto público,
suele asociarse por quienes consideran a los gobiernos la salvaguardia de la
población de menos recursos económicos y el regulador de las diferencias
sociales, cuando en realidad son la producción y productividad los indicadores
que permiten una mejor distribución a la población de los recursos económicos.
Menos gasto público no
tiene que significar una menor distribución de la riqueza. Un ejemplo de ello
lo ofrece la práctica del actual gobierno argentino, el cual en el primer año
de gobierno redujo el gasto público en un 17% del PIB, y, sin embargo, ha reducido la pobreza de
manera impresionante.
El índice de pobreza en
el segundo semestre del 2023, el último del anterior gobierno, registró un 41,7
%. Si bien es cierto que en los primeros meses del nuevo gobierno la pobreza se
incrementó, porque precios y servicios se sinceraron para estabilizar la
economía, en el segundo semestre del 2025 el mismo índice mostraba un 28,2%.
La determinación del
grado de pobreza se fundamenta en que los ingresos del hogar puedan cubrir los
gastos de una canasta básica. El ritmo que alcanzaba la inflación en Argentina
a finales del 2023 conducía hacia una hiperinflación, por lo que los ingresos
hogareños por salarios y prestaciones se erosionaban con el aumento de los
precios. La inflación ha reducido drásticamente su incremento porque la
eliminación del déficit fiscal ha restringido la masa monetaria en manos de la
población. A finales del 2023 la inflación mensual se situaba en un 25,5% y en
julio del presente año refleja un 2,1%, aún muy alta, pero una reducción
significativa con tendencia a la baja, lo cual significó un alivio para los
gastos familiares. Los ingresos, por otra parte, también se han mejorado. El índice salarial
en mayo del 2026, reflejaba un aumento de un 35,9% interanual.
Si bien la estabilización de la economía y la recuperación de los ingresos influyeron en la reducción de la pobreza, también ha contribuido la forma de ejecutar las transferencias sociales. El gobierno eliminó a los intermediarios, léase organizaciones no gubernamentales y políticas, para efectuarlo directamente, aumentando con ello el valor efectivo de las ayudas y al mismo tiempo, liberando a los beneficiarios de los compromisos con sus antiguos facilitadores. La libertad también es un beneficio.
(*) Tomado del perfil de Facebook de Emilio Hernández
(**) Emilio Hernández Cruz, La Habana (1941) Ingeniero economista, formado en la Escuela Superior de transporte Friedrich List de Dresde, Alemania. Ha efectuado publicaciones sobre economía y política cubana, en la revista Cuba Journal, de la sociedad DeCub, hoy ya disuelta.
