El pasado sábado 4 de abril, el Comité Cubano Pro Derechos Humanos publicó una declaración de la junta ampliada en la que reafirma la necesidad de un Diálogo Nacional como posible vía para encaminar las acciones que propicien los cambios sociales, políticos y económicos que nuestro país necesita.
Esta posibilidad de dialogar ha tenido detractores tanto en la oposición como en el gobierno; sin embargo, el análisis de temas de interés nacional entre las partes en conflicto pudiera alcanzar gran repercusión política en el futuro inmediato.
El régimen no ha estado nunca en la disposición de dialogar porque no admite que en Cuba exista oposición, el derecho a estar en contra fue conculcado y constituye una figura criminal, por la que cientos de cubanos han purgado y purgan largas condenas. Si las organizaciones opositoras consiguen sentarse con el Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y otros altos funcionarios del gobierno para discutir una agenda que se haga pública y que enfrente la esencia del conflicto -y no se convierta en un paripé como las asambleas de críticas y autocríticas que organizan periódicamente las organizaciones políticas y de masas, y otras reuniones del mismo jaez que se realizan cada tanto con amigos del régimen que viven en el extranjero-, entonces se habrá dado un paso importante, porque, independientemente de lo que se acuerde, será reconocido de hecho que quienes se enfrentan al castrismo no son "grupúsculos" ni "mercenarios", ni "agentes pagados por el imperio", sino cubanos comprometidos y patriotas dispuestos ha hacer lo necesario por el bien de su país, y que todos tenemos el derecho a estar en contra de la política gubernamental y manifestarlo pública y pacíficamente sin que esto esté previsto y sancionado por la ley como un acto criminal.
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